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Una entonces concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Móstoles tuvo que dimitir como tal en 2024 por el eventual acoso sexual y laboral padecido del Alcalde de esta localidad, del PP, tras ser desatendidas sus denuncias internas dentro de la estructura regional de su Partido.
Los hechos se conocieron el pasado 4 defebrero. Pues bien: el día siguiente se filtraron a los medios de comunicación mensajes de correo electrónico remitidos al entorno de Isabel Díaz Ayuso por la víctima y el abogado de ésta antes de su dimisión. Conforme dicha filtración, el periódico conservador “Abc” publicó lo siguiente: “Desde la Comunidad de Madrid han desvelado ahora los nueve correos que la concejal envió al gabinete de la presidenta regional […]”.
Expresamente «en cumplimiento de la obligación de denunciar» lo que pudiera ser delictivo que a todos, seamos o no víctima de los hechos, nos impone el art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «en mi propia representación como denunciante», lo hice contra a Isabel Díaz Ayuso por dichas filtraciones:
Alegué, lógicamente, la misma doctrina del Tribunal Supremo recién asentada con el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, en cuya virtud Isabel Díaz Ayuso por sí misma o a través de «una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento» habría cometido un «delito de divulgación, cometido por autoridad, de datos reservados de los que tiene conocimiento por razón de su cargo». Insisto: todo conforme la propia doctrina del mismo Tribunal. Exactamente la misma, y a la vista de las informaciones publicadas.
Y como indico en el escrito de denuncia, no la interpuse ante la fiscalía por el criterio de ésta contraria a la doctrina de los magistrados.
Repito: la Presidenta de la Comunidad de Madrid, en su caso a través de una persona de su entorno, filtró mensajes de correo electrónico con un contenido particularmente grave (recordemos que se habla de acoso sexual). A todas luces es más grave que lo que se terminó en condena de Álvaro Ortiz.
Y al parecer hasta entre esos mensajes filtrados los habría también del abogado la víctima. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid no ha ejercido también en este caso la acusación popular en defensa del secreto profesional, pero los colegiados sabemos que es, con las cuotas de todos los colegiados, por el compromiso político del Decano, que «el que pueda hacer, que haga».
Pues bien: ayer el Tribunal Supremo me notificó el archivo de mi denuncia, y seguidamente publicó una nota de prensa informando de ello, haciéndose eco medios de comunicación (algunos del brazo mediático de PP+Vox inventándose cosas, como que la denuncia la interpuso la propia víctima cuando es mentira: fui yo a título personal). Pero sin publicar el Auto de archivo, que en síntesis
- soslaya dando por inexistente su previa doctrina asentada en el caso contra el Fiscal General del Estado en la que expresamente fundamenté mi denuncia (si la recogiera en el Auto tendría que imputar a la Presidenta de Madrid),
- ahora sí le vale el criterio de fiscalía (recordemos que no le valieron sus criterios para así poder condenar al Fiscal General del Estado), y
- ahora no le vale probar la filtración a los medios de comunicación con la propia información de medios de comunicación (recordemos que contra el Fiscal General del Estado hasta llamaron a testificar periodistas, y que el Juez Peinado imputó a la esposa del Presidente del Gobierno en base a reseñas periodísticas).
Como poco, es un trato desigual para casos iguales, desigualdad verosímilmente basable en discriminación ideológica. Digo «como poco», porque si dejase escrito lo que pensamos la mitad de los españoles sobre la politización de los jueces… me podría ocasionar perjuicios.
En cuanto Miguel Ángel Rodríguez dijo que el Fiscal General del Estado iba «p’alante», todos sabíamos que no importaban las pruebas, que de hecho eran de descargo, y Álvaro Ortiz iba a ser sí o sí condenado, porque pensábamos que pudiendo hacer los magistrados del Tribunal Supremo, iban a hacer. Y así sucedió.
Cuando denuncié a Isabel Díaz Ayuso por los mismos hechos -o más graves, por el acoso sexual eventualmente perpetrado por el alcalde ultraderechista de Móstoles-, también tenía claro que en este caso los mismos magistrados recogerían cable y no pasaría nada. Esa es la credibilidad de la Justicia para media España.
Quise dejarlo claro y los magistrados del Tribunal Supremo me lo han confirmado, sin despeinarse, sin disimular. Y además, como se ha demostrado con 7291 víctimas mortales de sus políticas, Díaz Ayuso sigue pareciendo ser intocable.
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